Al hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de esta semana, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Sudán, pero se mostró reacio a desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el país.
Sudán, actualmente escenario de una guerra civil en curso y de la mayor crisis de desplazamientos del mundo, está asolado por una violencia que afecta gravemente la vida civil, incluida la práctica religiosa.
Guterres destacó el efecto de la guerra sobre los civiles, incluidos los muchos que han sufrido violencia sexual y ataques étnicos. Sudán ha sido testigo de este tipo de atrocidades en el pasado, tal vez de manera más notable durante el genocidio de Darfur, que se extendió desde principios de 2003 hasta 2005. La violencia está asolando nuevamente la región de Darfur.
Los combatientes en la guerra —las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)— trabajaron juntos para derrocar al gobierno civil liderado por Abdalla Hamdok en 2021. Sin embargo, su alianza colapsó en abril de 2023, lo que provocó una devastadora guerra civil que continúa hoy y ha devastado a la población civil de Sudán.
Sólo un 5% de la población de Sudán es cristiana, mientras que cerca del 91% se identifica como musulmana sunita. La situación de la libertad religiosa en Sudán ha sido sombría durante décadas, y los cristianos acaban de salir del régimen de 30 años del dictador Omar al-Bashir y del sistema legal basado en la sharia que él impuso.
Según los informes, 165 iglesias han tenido que cerrar desde que comenzó la guerra en 2023. Algunas iglesias se utilizan como bases para operaciones militares en la guerra, y las personas que se refugian allí son obligadas a marcharse o incluso asesinadas para dejar paso a los soldados. Los miembros del clero han sido objeto de ataques, y los soldados han disparado o apuñalado a sacerdotes y otras personas durante sus redadas.
Las Fuerzas Armadas del Sudán, bien equipadas, suelen bombardear las iglesias, hiriendo o matando indiscriminadamente a quienes se refugian en ellas, incluidas mujeres y niños. Al mismo tiempo, se sabe que las Fuerzas Armadas del Sudán atacan a los asistentes y a los dirigentes de las iglesias y se apoderan de los edificios de las mismas. Ambos bandos se culpan mutuamente de las atrocidades cometidas contra los civiles, pero niegan la responsabilidad de haber atacado a los propios civiles. Por temor a perder influencia o ventaja en el campo de batalla, ambos bandos también han impedido que la asistencia humanitaria llegue a los necesitados.
Esta semana, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, también habló ante el Consejo de Seguridad y condenó la forma en que ambos bandos han utilizado como arma la ayuda destinada a aliviar el sufrimiento de los civiles. “Millones de personas pasan hambre debido a la falta de acceso”, afirmó, y los funcionarios gubernamentales “siguen socavando, intimidando y atacando a los funcionarios humanitarios”.
Los cristianos de Sudán, una pequeña minoría en un país sacudido por la militancia y la inestabilidad, se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Los esfuerzos internacionales por sofocar el conflicto han dado pocos resultados y parece que se está haciendo poco para abordar la violencia dirigida contra los cristianos que están en la mira. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para llevar la paz a Sudán y proteger a la frágil población cristiana del país.
fuente https://www.persecution.org/2024/11/01/u-n-secretary-general-says-conditions-not-right-for-u-n-peacekeeping-force/