El estado de Rajastán, en el norte de la India, aprobó la semana pasada una ley anticonversión que obliga a las personas que deseen convertirse a otra religión a informar a las autoridades con al menos dos meses de antelación.
Según la ley, las víctimas de conversiones ilegales (basadas en información engañosa, fraude, fuerza o influencia indebida) pueden recibir una indemnización de hasta 500.000 rupias indias (unos 590 dólares), mientras que los infractores pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de cárcel. Rajastán se convertirá en el duodécimo estado de la India en tener una ley contra las conversiones.
El proyecto de ley, conocido como Proyecto de Ley de Prohibición de la Conversión Ilícita de Religiones de Rajastán de 2024, debe ser aprobado por la legislatura estatal durante la sesión de la asamblea de invierno para convertirse en ley.
El estado de Rajastán está gobernado por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), que también es el partido gobernante a nivel federal. Esto podría facilitar y acelerar la aprobación de este proyecto de ley contra las conversiones.
Los delitos contemplados en el proyecto de ley se clasifican como no sujetos a fianza y cognoscibles, y el proyecto de ley incluye disposiciones para variar los castigos según la naturaleza del delito.
El proyecto de ley pretende proteger a los grupos vulnerables, con penas más severas para la conversión de menores, mujeres y personas pertenecientes a castas y tribus registradas. También estipula que cualquier persona que desee convertirse a otra religión debe notificarlo a la autoridad del distrito con al menos 60 días de antelación. Luego, se debe dar un aviso con 30 días de antelación para cualquier ceremonia de conversión.
Por otra parte, después de la conversión, la persona interesada debe informar al recaudador mediante una declaración jurada en el plazo de 60 días.
Estos tres niveles del proceso de conversión lo hacen formidable y controvertido y, además, podrían contradecir el derecho constitucional del país a la libertad de religión.
El artículo 25 (1) de la Constitución de la India establece: “Sujeto al orden público, la moralidad y la salud y a las demás disposiciones de esta Parte, todas las personas tienen igual derecho a la libertad de conciencia y al derecho a profesar, practicar y propagar libremente la religión”.
El proyecto de ley anticonversión de Rajastán prevé penas de prisión de entre dos y diez años y una multa de 25.000 rupias indias (unos 300 dólares) para quienes conviertan a menores, mujeres o personas de las comunidades vulnerables de las castas programadas (SC) y las tribus programadas (ST). La pena de prisión podría extenderse a entre tres y diez años y una multa de 50.000 rupias indias (unos 590 dólares) para las conversiones a gran escala.
El proyecto de ley también establece que todo matrimonio celebrado bajo coacción o mediante inducción puede ser anulado. Esta cláusula tiene por objeto, en particular, frenar los matrimonios interreligiosos, en particular entre hindúes y musulmanes.
Además de Rajastán, los siguientes son otros estados que actualmente tienen leyes contra la conversión: Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand y Uttar Pradesh.
fuente https://www.persecution.org/2024/12/10/rajasthan-set-to-become-12th-indian-state-with-anti-conversion-law/