Funcionarios de la Unión Europea recibieron discretamente esta semana en Bruselas a una delegación de representantes talibanes, lo que supone la primera visita conocida de funcionarios talibanes a la sede de la UE desde que el grupo islamista tomó el control de Afganistán en 2021.
La reunión del 23 de junio, de la que informó Euronews y que posteriormente confirmó Reuters, congregó a funcionarios de la Comisión Europea y a representantes de 15 Estados miembros de la UE para mantener conversaciones de carácter técnico sobre migración y deportaciones, según describió Bruselas. El diálogo se centró en facilitar el retorno de los ciudadanos afganos que han agotado su derecho legal a permanecer en Europa, en particular aquellos condenados por delitos graves o considerados una amenaza para la seguridad.
Si bien la Comisión Europea hizo hincapié en que la reunión no suponía un reconocimiento diplomático de los talibanes, los defensores de los derechos humanos afirman que el encuentro representa un paso más hacia la normalización de las relaciones con un régimen ampliamente condenado por graves violaciones de los derechos humanos.
En contraste con las negaciones de la UE, los funcionarios talibanes afirmaron que la reunión incluyó un debate sobre una presencia consular para el Afganistán gobernado por los talibanes en la UE y una conversación más amplia sobre "medidas para generar confianza".
Según se informa, la reunión tuvo lugar fuera de las oficinas oficiales de la Comisión Europea para evitar cualquier apariencia de reconocimiento diplomático formal. No obstante, refleja la creciente disposición de los gobiernos a dialogar directamente con las autoridades talibanes ante el aumento de la presión migratoria en toda Europa.
Según Reuters, la UE sostiene que es necesario un diálogo práctico con los funcionarios talibanes, ya que las deportaciones a Afganistán siguen siendo extremadamente difíciles sin la cooperación de las autoridades de Kabul. Suecia, que ayudó a organizar la reunión, ha declarado que actualmente tiene a unos 200 ciudadanos afganos condenados por delitos graves a la espera de ser deportados.
Estas conversaciones surgen en un momento en que los gobiernos europeos buscan cada vez más acelerar la expulsión de los migrantes a quienes se les ha denegado el asilo. Según cifras de Eurostat, más de 14.000 ciudadanos afganos recibieron la orden de abandonar los Estados miembros de la UE durante los primeros nueve meses de 2025, pero solo una pequeña parte fue finalmente devuelta.
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe que los solicitantes de asilo sean devueltos a su país de origen mientras subsista una amenaza creíble de persecución, un principio conocido como no devolución.
Sin embargo, incluso una cooperación estrictamente limitada corre el riesgo de legitimar a uno de los gobiernos más represivos del mundo.
Activistas afganos y organizaciones de derechos humanos condenaron la reunión de Bruselas, argumentando que cualquier compromiso oficial refuerza la posición internacional de los talibanes, al tiempo que ofrece pocas pruebas de que el régimen haya mejorado el trato a las mujeres, las minorías o los opositores políticos.
Creciente compromiso internacional
Las conversaciones de Bruselas forman parte de una tendencia más amplia que ha visto cómo los talibanes han ganado una creciente aceptación internacional a pesar de la escasa mejora significativa en su historial de derechos humanos.
Si bien ningún gobierno occidental ha reconocido formalmente a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán, muchos países han ampliado gradualmente sus relaciones de trabajo con funcionarios talibanes para abordar cuestiones que van desde la asistencia humanitaria hasta la seguridad fronteriza y la migración.
Rusia se convirtió en el primer país en reconocer formalmente al gobierno talibán en 2025, tras haberlo retirado previamente de su lista de organizaciones terroristas. India también ha intensificado su colaboración con funcionarios talibanes, al tiempo que reabrió su embajada en Kabul. China, Pakistán, Irán y varios gobiernos de Asia Central mantienen igualmente contactos regulares con los líderes talibanes.
Quienes apoyan el diálogo argumentan que mantener la comunicación es necesario para abordar las preocupaciones de seguridad regional, la ayuda humanitaria y la migración. Los críticos, por su parte, sostienen que los talibanes han ignorado repetidamente los llamamientos internacionales para que moderen sus políticas, al tiempo que continúan con la represión sistemática en su territorio.
Desde que recuperaron el poder hace casi cinco años, los talibanes han desmantelado progresivamente muchas de las libertades civiles que surgieron durante las dos décadas anteriores. Las mujeres y las niñas siguen sin poder acceder a la educación secundaria, la universidad y la mayoría de los empleos. Los medios de comunicación independientes han sido silenciados en gran medida, las organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y la disidencia política se reprime sistemáticamente.
Los esfuerzos internacionales por fomentar las reformas, vinculando la ayuda al desarrollo o el compromiso diplomático a mejoras cuantificables en materia de derechos humanos, han producido pocos cambios visibles.
Qué significan las deportaciones para las minorías religiosas
Para los defensores de la libertad religiosa, la importancia de la reunión de Bruselas va mucho más allá de la política migratoria europea.
Afganistán sigue siendo uno de los peores países del mundo en cuanto a libertad religiosa. Los talibanes imponen una interpretación estricta de la ley islámica que deja poco margen para la diversidad religiosa o la disidencia.
Los cristianos se enfrentan a peligros especialmente graves. Casi todos los cristianos afganos son conversos del islam, lo que convierte su fe en un delito tanto religioso como legal según la interpretación de la sharia por parte de los talibanes. La apostasía se considera un delito capital, lo que obliga a los creyentes a practicar su fe en la clandestinidad, ocultando su identidad a vecinos, empleadores e incluso familiares.
Otras minorías religiosas también siguen en grave riesgo. Los musulmanes chiítas hazara continúan sufriendo discriminación y ataques tanto de los talibanes como del Estado Islámico de la Provincia de Khorasan (ISIS-K). Las otrora prósperas comunidades sij e hindú de Afganistán han disminuido drásticamente tras años de persecución, violencia y migración forzada. Los musulmanes ahmadíes también se enfrentan a severas restricciones bajo el régimen talibán.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que las personas que regresen a Afganistán podrían enfrentar detención, represalias o persecución, dependiendo de sus antecedentes o de si se las percibe como opositoras al régimen. Estos riesgos podrían ser particularmente graves para exfuncionarios del gobierno, periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres y miembros de comunidades religiosas minoritarias.
La cuestión ha adquirido una urgencia creciente a medida que los países vecinos, Pakistán e Irán, han deportado a millones de afganos durante el último año, mientras que varios gobiernos occidentales reconsideran la protección de los refugiados afganos.
El año pasado, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional advirtió que las minorías religiosas de Afganistán siguen en "grave peligro" bajo el régimen talibán, e instó a los gobiernos a no devolver al país a los refugiados vulnerables.
Para los cristianos y otras minorías religiosas, regresar a salvo al Afganistán controlado por los talibanes suele ser imposible. Muchos huyeron precisamente porque su fe o identidad los ponía en riesgo de ser encarcelados o asesinados.
fuente https://persecution.org/2026/06/25/eu-hosts-taliban-officials-in-brussels/