Tras dos décadas de gobierno respaldado por Estados Unidos, la dramática caída de Afganistán ante la organización terrorista Talibán en 2021 conmocionó al mundo. La toma del poder por parte de los talibanes duró apenas unas horas, pero su impacto en las mujeres afganas y las pequeñas comunidades minoritarias del país es incalculable.
El sábado 30 de agosto se conmemora el cuarto aniversario de la retirada estadounidense de Afganistán, el fin de un breve periodo en el que los afganos disfrutaron de niveles sin precedentes de derechos y libertades. Hoy, Afganistán se encuentra sumido en una profunda crisis económica y bajo el control de los talibanes, un grupo terrorista islamista extremista que pretende imponer su interpretación de la sharia y someter a todos los ciudadanos a su régimen totalitario.
Las minorías religiosas en la mira de los talibanes
Según Stephen Schneck, presidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), el régimen talibán ha creado un entorno de extremo peligro para las comunidades religiosas minoritarias del país.
“La situación en Afganistán sigue siendo grave para quienes no comparten la estricta interpretación del islam de los talibanes, incluidos los cristianos, los chiítas hazara, los musulmanes ahmadíes y los sijs”, declaró Schneck. “Nos preocupa profundamente que las comunidades de minorías religiosas corran grave peligro, especialmente las mujeres y las niñas”.
Los cristianos afganos son, en su mayoría, la primera generación de conversos del islam, lo que los expone a un castigo especialmente severo si son descubiertos. Según la interpretación talibán de la sharia, los conversos al cristianismo son considerados apóstatas y merecedores de la pena de muerte.
Las deportaciones masivas exponen a los refugiados al peligro
Aproximadamente dos millones de afganos que huyeron de los talibanes en 2021 se vieron obligados a regresar de Irán y Pakistán solo en 2025. Según la ONU, más de 410.000 refugiados afganos fueron expulsados de Irán durante un período de tres semanas tras el 24 de junio. Estas deportaciones los colocan de nuevo bajo el régimen talibán, exponiéndolos a la misma persecución de la que huyeron.
Schneck expresó su preocupación por la posibilidad de que los talibanes tomen represalias contra las minorías religiosas entre los retornados. International Christian Concern (ICC), junto con otras organizaciones, había ayudado previamente a cristianos afganos a escapar a través de las fronteras hacia países vecinos. Ahora, muchos de esos mismos beneficiarios enfrentan un nuevo peligro.
La devolución —el retorno forzoso de refugiados y solicitantes de asilo a países donde probablemente sufrirán persecución— está explícitamente prohibida por múltiples tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CIPD) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPD). Ni Irán ni Pakistán son parte de la CIPD, aunque Pakistán se encuentra entre los 173 países que han ratificado la Convención contra la Tortura. Estados Unidos también es parte de dicho tratado, pero se ha negado a firmar la CIPD.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subraya que la adhesión al principio de no devolución es “una garantía implícita que se deriva de las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos”.
Estados Unidos pone fin al estatus de protección para los afganos
En julio, Estados Unidos fue noticia cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Afganistán, exponiendo a los refugiados afganos en Estados Unidos a un posible retorno forzado a pesar de los peligros persistentes bajo el régimen talibán. El TPS indica que Estados Unidos reconoce que las condiciones sobre el terreno son demasiado peligrosas para un retorno seguro.
Afganistán recibió por primera vez la designación TPS el 20 de mayo de 2022. Noem la levantó el 22 de julio de 2025, justo cuando millones de refugiados estaban siendo devueltos desde Pakistán e Irán, en medio de informes de una creciente crisis humanitaria y continuas violaciones de derechos contra las minorías.
La medida se produjo un mes después de que la administración Trump impusiera restricciones casi totales a los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de una docena de países, incluido Afganistán. La administración alegó preocupaciones de seguridad nacional y la falta de cooperación de algunos gobiernos en la verificación de antecedentes de los viajeros.
La CCI habló con varios grupos que abogan por los refugiados afganos en Estados Unidos. Según sus fuentes, los refugiados afganos cristianos están recibiendo notificaciones oficiales que indican que podrían ser deportados en cualquier momento. Un grupo informó a la CCI que los funcionarios de la administración, aunque comprensivos, no han estado dispuestos a ofrecer garantías firmes ni asistencia, insistiendo en cambio en que los refugiados recurran a los canales de inmigración habituales.
El programa de refugiados de Estados Unidos fue suspendido el 22 de enero de 2025 y no ha sido reabierto, excepto para dos pequeños grupos de sudafricanos blancos que, según dijeron funcionarios, estaban siendo atacados debido a su raza.
Antes de la suspensión, las minorías étnicas y religiosas perseguidas podían solicitar el estatus de refugiado. Cuando se suspendió el programa, algunos refugiados cuya entrada a Estados Unidos ya había sido aprobada fueron redirigidos a campamentos en el extranjero.
Preocupaciones más amplias para los refugiados que huyen a los EE. UU.
En febrero, se conoció que un grupo de iraníes conversos al cristianismo fueron detenidos al ingresar a Estados Unidos y enviados a Panamá a pesar de haber solicitado asilo.
El caso atrajo la atención internacional hacia una campaña de deportación más amplia que incluyó a personas de Pakistán, Afganistán, China y Uzbekistán, países entre los más hostiles al cristianismo. El gobierno de Trump insistió en que ninguno de los deportados había solicitado asilo, aunque varios cuestionaron esta versión.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió las deportaciones, diciendo que “ninguno de estos extranjeros afirmó tener miedo de regresar a su país de origen en ningún momento durante el procesamiento o la custodia”.
Si bien su afirmación no puede verificarse de forma independiente, los representantes de los solicitantes de refugio no estuvieron de acuerdo y el principio de no devolución se aplica a “todos los migrantes en todo momento, independientemente de su estatus migratorio”, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
FUENTE https://www.persecution.org/2025/08/26/afghan-minorities-face-renewed-pressure-as-anniversary-of-u-s-withdrawal-nears/