El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que recibiría hoy al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca. La visita, que se produce en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, es la primera de Erdogan a la Casa Blanca desde 2019.
Según declaraciones, la reunión se centrará en acuerdos comerciales y militares. Turquía es un aliado militar de larga data de Estados Unidos y cuenta con una importante presencia militar estadounidense, que incluye armamento nuclear.
Sin embargo, desde la última visita de Erdogan, Turquía ha sufrido un retroceso democrático significativo y se ha profundizado la represión contra los cristianos y otras minorías religiosas en todo el país.
En los últimos años, el gobierno de Erdogan ha intensificado sus esfuerzos para expulsar de Turquía a los misioneros cristianos extranjeros, una medida que, según los críticos, forma parte de una ofensiva más amplia contra la libertad religiosa. Desde la última visita de Erdogan, aproximadamente 200 misioneros —muchos de los cuales llevaban años viviendo en el país con familias, trabajos y vínculos comunitarios— han sido expulsados e incluidos en listas secretas de prohibición de entrada sin explicación alguna.
El gobierno presenta estas expulsiones como necesarias para la seguridad nacional, pero los defensores de los derechos humanos sostienen que tales afirmaciones carecen de transparencia y equivalen a atacar a individuos únicamente por su identidad y actividades religiosas.
Al expulsar a los misioneros cristianos, Ankara muestra una preocupante intolerancia hacia las religiones minoritarias. Las expulsiones parecen diseñadas para reprimir la expresión religiosa pacífica, lo que genera alarma entre los observadores internacionales, quienes las consideran parte de un patrón de reducción del espacio cívico bajo el régimen de Erdogan.
Además de violar los derechos básicos de los misioneros, estas acciones erosionan las frágiles protecciones brindadas a la pequeña población cristiana de Turquía, enviando un mensaje escalofriante de que el gobierno no tolerará la diversidad religiosa cuando desafíe las narrativas nacionalistas o islamistas.
El caso de Andrew Brunson, un pastor estadounidense que pasó más de dos décadas ministrando en Turquía, se convirtió en un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía después de su arresto en 2016. Acusado por las autoridades turcas de espionaje y vínculos con el movimiento Gülen (acusaciones ampliamente criticadas por infundadas), Brunson fue encarcelado durante casi dos años antes de ser puesto bajo arresto domiciliario.
Su detención provocó la condena internacional, y grupos de derechos humanos la denunciaron como un ataque con motivaciones políticas a la libertad religiosa. El primer gobierno de Trump convirtió la liberación de Brunson en una prioridad diplomática fundamental, y el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence presionaron públicamente a Ankara e impusieron sanciones específicas a funcionarios turcos.
Este enfrentamiento de alto riesgo finalmente obligó a los tribunales turcos a liberar a Brunson en octubre de 2018, lo que subraya tanto la politización de los casos de libertad religiosa bajo el presidente Erdogan como la voluntad de la administración Trump de utilizar el poder económico y diplomático en defensa de un pastor estadounidense en el extranjero.
Estados Unidos está considerando renovar un memorando de entendimiento (MdE) con Turquía sobre el manejo de artefactos del patrimonio cultural. El Colegio de Abogados de Armenia instó recientemente al Departamento de Estado estadounidense a rechazar la renovación, advirtiendo que corre el riesgo de permitir que Ankara se apropie del patrimonio armenio y lo replantee como propio.
En una presentación formal ante el Comité Asesor de Bienes Culturales del Departamento de Estado, la Asociación argumentó que el MdE permitiría al gobierno turco apropiarse de materiales arqueológicos y etnológicos anteriores a la existencia de la Turquía moderna y originarios de las comunidades armenias de su patria histórica. Los críticos afirman que el acuerdo no distingue entre los artefactos pertenecientes al Estado turco y aquellos vinculados a minorías étnicas y religiosas perseguidas, lo que expone siglos de patrimonio cultural armenio a la destrucción.
Esta preocupación tiene precedentes. Turquía ha enfrentado críticas internacionales por su historial de marginar la historia de las minorías y reutilizar lugares sagrados para impulsar narrativas nacionalistas. La reconversión de Santa Sofía en mezquita en 2020, tras décadas como museo y siglos como iglesia bizantina, es uno de los ejemplos más visibles de cómo Ankara prioriza el simbolismo político sobre la preservación.
Los legados de las culturas armenia, griega y asiria han sido frecuentemente ignorados o replanteados por las autoridades estatales, lo que ha generado alarma entre académicos y defensores, quienes temen que la renovación del MdE legitime un patrón de apropiación histórica. Como subraya la declaración del Colegio de Abogados de Armenia, el acuerdo podría comprometer la misión global de preservación cultural, una misión basada en la educación y la investigación, no en narrativas de exclusión impulsadas por el Estado.
Si no se controla, Turquía corre el riesgo de abandonar sus tradiciones seculares y democráticas en favor de una narrativa nacionalista de odio y exclusión. A medida que la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, interactúa con Erdogan y otros líderes turcos, la preservación de la libertad religiosa debe convertirse en una prioridad mayor.
FUENTE https://persecution.org/2025/09/25/turkeys-erdogan-to-visit-the-white-house-again/