Esta semana, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó una nueva ley de gran alcance titulada Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos.
Presentada por Pekín como una medida para fomentar la "unidad" entre los 55 grupos étnicos minoritarios oficialmente reconocidos del país, los críticos, tanto dentro como fuera de China, advierten que representa un importante afianzamiento legal de políticas que durante mucho tiempo han buscado asimilar, reprimir y controlar a las minorías étnicas y religiosas en todo el país.
Aprobada el 12 de marzo y firmada por el presidente Xi Jinping, la nueva ley entrará en vigor el 1 de julio. Esta ley exige la amplia implementación de lo que el Estado chino denomina un «fuerte sentido de comunidad nacional» en todos los organismos gubernamentales, escuelas, empresas y organizaciones sociales. El mandarín se prioriza como idioma de instrucción y de la vida pública, lo que reduce el espacio oficial para lenguas minoritarias como el uigur y el tibetano.
Aunque se presenta como una medida para promover el “progreso” y la “prosperidad común”, observadores externos argumentan que la legislación consolida una agenda asimilacionista que socava la identidad y la autonomía de las minorías. Antropólogos y analistas señalan que la ley amplía el marco legal para restringir las actividades religiosas, culturales y políticas de las minorías étnicas y podría utilizarse para criminalizar la disidencia o la expresión cultural como separatismo.
Se sabe que China ha practicado abortos forzados a sus ciudadanas, esterilizado a mujeres sin su consentimiento y asesinado a miembros de minorías religiosas para vender sus órganos en el mercado negro. En muchos casos, las comunidades religiosas son blanco de este tipo de maltrato. Las iglesias cristianas domésticas son un intento de eludir la vigilancia gubernamental, pero incluso estas suelen ser allanadas y sus miembros arrestados bajo la acusación de trabajar en contra de los intereses del Estado.
China es líder mundial en el uso de la tecnología para vigilar y reprimir a sus ciudadanos. Si bien se desconoce el alcance total de su aparato de vigilancia, las investigaciones han demostrado que opera un sistema cuyo objetivo es rastrear los movimientos de cada ciudadano para determinar su lealtad al Partido Comunista Chino (PCCh). Desde detalles tan triviales como la ropa que usa una persona hasta observaciones más generales sobre con quién se relaciona, el sistema rastrea y comprende la lealtad de cada ciudadano.
Los funcionarios del gobierno chino utilizan los datos recopilados por este sistema para rastrear y controlar a quienes consideran una amenaza para el Estado. En particular, esto incluye a cualquier persona vinculada al movimiento de iglesias clandestinas y a cualquier otra persona que desee practicar su religión fuera de las instituciones estatales, como la Asociación Patriótica Católica China.
Campañas de represión focalizadas
Durante años, el gobierno chino ha llevado a cabo uno de los sistemas de represión política más extensos del mundo contra las minorías étnicas y religiosas, especialmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.
Desde 2014, y especialmente después de 2017, el PCCh ha detenido a más de un millón de musulmanes de origen turco —principalmente uigures, kazajos y otros grupos— en campos de internamiento sin proceso legal, bajo el pretexto de la lucha antiterrorista y la "reeducación".
Los informes y los datos filtrados demuestran que la detención arbitraria masiva, el trabajo forzoso, la separación familiar, la vigilancia y la severa restricción de la práctica religiosa constituyen la base de este sistema.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirmó que la magnitud y la naturaleza de estos abusos —que incluyen la eliminación cultural, el adoctrinamiento forzado y la separación de familias— constituyen violaciones sistemáticas de los derechos humanos y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
Las políticas asimilacionistas de China se extienden mucho más allá de Xinjiang, afectando también al Tíbet y a otras regiones con minorías étnicas. Durante décadas, los tibetanos han sufrido restricciones intrusivas a la práctica religiosa, vigilancia de los monasterios, limitaciones a la educación monástica y represión de las publicaciones y la expresión en lengua tibetana.
La campaña de homogeneización incluye la promoción del mandarín en las escuelas y la vida pública, el control de la gobernanza y el liderazgo de los monasterios, y la expansión de la propaganda estatal que presenta la cultura tibetana como atrasada. Académicos y activistas consideran esto parte de una estrategia más amplia de sinización: la transformación sistemática de la cultura minoritaria en una narrativa mayoritaria Han, liderada por el Partido Comunista Chino.
Implicaciones para la religión y la identidad
Las autoridades chinas insisten en que estas medidas son necesarias para la seguridad nacional, la estabilidad social y el desarrollo económico. Los funcionarios rechazan unánimemente las críticas, calificando las preocupaciones internacionales como injerencia extranjera en los asuntos internos.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, los gobiernos extranjeros y los defensores de las minorías argumentan que la ley y las políticas subyacentes no tienen que ver con la "unidad", sino con la eliminación de la diversidad cultural y la consolidación de la lealtad política al PCCh.
La ley de unidad étnica consolida una ideología que sitúa la lealtad al Partido Comunista Chino y a Xi Jinping en la cúspide de la identidad nacional. Este enfoque coincide con tendencias más amplias en la gobernanza de China: la fusión de la conformidad ideológica con el poder político, la minimización de la autonomía y la percepción de la vida religiosa y cultural independiente como una amenaza inherente. Estas dinámicas reflejan el uso histórico que China ha hecho de las políticas de sinización para controlar la expresión religiosa y la identidad étnica, desde la represión contra las iglesias cristianas independientes hasta la detención de líderes religiosos uigures y tibetanos.
En lugar de salvaguardar la diversidad, la reciente ley de unidad étnica de China parece brindar una apariencia legal a políticas arraigadas de asimilación coercitiva y represión. En un contexto político donde la religión y la etnia siguen estrechamente ligadas a la identidad cultural, esta codificación legal representa un grave riesgo para los derechos de millones de uigures, tibetanos y otras comunidades minoritarias. A medida que Pekín avanza con esta ley, los observadores advierten que el espacio para la libertad religiosa y cultural se reducirá aún más, consolidando un modelo de gobernanza que considera cualquier forma de identidad independiente como una amenaza para el Estado.
FUENTE https://persecution.org/2026/03/16/chinas-ethnic-unity-law-deepens-repression-of-minorities/